El Real Decreto Ley aprobado el 22 de octubre establecía un paquete de medidas urgentes por valor de más de 700 millones de euros destinado a paliar los efectos de insolvencia del grupo empresarial, así como al fortalecimiento y mejora de la competitividad del sector turístico español.
Entre las medidas se estableció una línea de financiación de hasta 200 millones para atender a las empresas afectadas, la puesta a disposición de otros 500 millones para apoyar la modernización de infraestructuras y la ampliación de la bonificaciones de la seguridad social para los trabajadores fijos discontinuos de las Islas Baleares y Canarias.
Los grupos parlamentarios han expuesto este mismo miércoles las enmiendas presentadas -un total de 43 después de que Coalición Canaria retirara una de las propuestas-, entre las que predominaba la ampliación de las bonificaciones a la seguridad social a otros territorios afectados por la quiebra de Thomas Cook así como a otro tipo de contratos y trabajadores de otros sectores, como el comercio o el transporte.
Tras su aprobación por el Congreso, el proyecto de ley deberá estar listo antes del 3 de diciembre, cuando se constituyen las nuevas Cortes, y antes tendrá que pasar por le Senado, donde la mayoría absoluta es del PSOE, partido que se opuso a abrir esta tramitación y que no ha presentado ninguna enmienda.
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